Frena Justicia primera intervención gremial de Alberto

La primera intervención de un gremio en la era de Alberto Fernández duró poco más de un mes: la Justicia anuló el nombramiento de un administrador provisorio para la obra social del sindicato de los vigiladores privados (Upsra) que había dispuesto el Ministerio de Salud por presión del gastronómico Luis Barrionuevo. El desembarco de funcionarios del Ejecutivo en esa prestadora de salud, Ospsip, formaba parte de un mecanismo de injerencias en la estructura de esa organización que ya había intentado el gobierno anterior en las gestiones tanto de Jorge Triaca como de Dante Sica a cargo de la cartera laboral.

El revés para el Gobierno llegó a través de una medida cautelar del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2 que suspendió los efectos de la resolución 1097 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), una norma que en lo esencial nombraba al licenciado Horacio Enrique Sebastián García, un allegado al sindicalista José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) como administrador provisorio de Ospsip en un paso previo a la intervención de pleno derecho de la prestadora, tal como reveló en exclusiva Ámbito la semana pasada.

La resolución judicial fue especialmente severa con la medida administrativa por considerar que la SSS, un órgano descentralizado pero que opera bajo la órbita del Ministerio de Salud, “se había excedido en sus funciones al designar un administrador provisorio, asignándole poderes y funciones propias de un interventor, decisión que sólo se encuentra en cabeza del Poder Ejecutivo nacional y no del organismo”. De hecho añade que la nominación fue “ilegítima” y revestida de “graves indicios de ilegalidad”.

Así la obra social volvió a manos de la cúpula de Upsra a cargo de Ángel García, un gremialista que por años fue mano derecha de Luis Barrionuevo y animador de la aventura de la CGT Azul y Blanca, impulsada por el gastronómico. Aquella alianza entre los dos dirigentes se quebró en 2016 y desde entonces, cada vez que García exploró vías para llevar a cabo elecciones internas, recibió impugnaciones de listas opositoras y luego una cadena de intervenciones siempre con la mano visible de Barrionuevo, en tándem con el radical Enrique “Coti” Nosiglia, en sus arquitecturas.

La medida judicial resultó en ese plano lesiva para varios actores: por un lado, para Barrionuevo y Nosiglia en su recurrente afán de quedarse con un gremio de varias aristas estratégicas (entre otras, representar al personal de seguridad privado de empresas y organismos sensibles) y con una obra social que cuenta con 48 mil afiliados directos y cerca de 100 mil beneficiarios totales. También para el ministro de Salud, Ginés González García, y la SSS, a cargo de su delfín Eugenio Zanarini, que incluso con reparos habían terminado por convalidar la intervención, y de paso para la CGT, que puso en juego a Lingeri, su máximo referente en la problemática sanitaria para ubicar al administrador ahora depuesto.

El Gobierno había validado la intervención tras alegar que la Ospsip había incumplido con las prestaciones básicas que sus afiliados le demandaban, y entre otras irregularidades habían dado cuenta de la falta de atención para dos centenares de pacientes con HIV a los que se les habría negado la provisión de medicamentos. Otro ítem que mencionaron en Salud tenía que ver con una supuestamente irregular mudanza de los servidores de la obra social de la oficina en la que habitualmente funciona al estudio jurídico de un abogado de Ángel García. El jefe de Upsra, por su parte, había señalado a Barrionuevo como el máximo responsable de la medida que apuntaba a tomar el control de facto de la prestadora.

Entre los argumentos para la marcha atrás el juzgado mencionó que se había “afectado el derecho de defensa” de la obra social por el mecanismo de comunicación del desplazamiento de sus autoridades y su reemplazo por el administrador provisorio. “No debe permitirse la aplicación de un acto cuando -como en el caso de autos- existen fuertes y graves indicios de ilegalidad”, señala la cautelar otorgada a favor del gremio.

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Fuente: Ámbito