Un abogado representa a una empresa santiagueña que denuncia una estafa millonaria con cheques sin fondos y maniobras de insolvencia.
Denuncia por Estafa de Más de $230 Millones en Santiago del Estero
Cortesía de elliberal
Las acciones legales han sido formalmente iniciadas por el abogado Rodolfo González, quien actúa en representación de la firma Sucesores de Antonio Lladhón SRL, ubicada en ruta 34, km 566, Colonia Dora, Avellaneda, que también administra una estación de servicios.
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La primera demanda ha sido interpuesta contra Hugo Daniel Quiñónez, quien reside en Los Juríes, General Taboada. Se le imputan los delitos de estafa mediante la emisión de cheques sin fondos y insolvencia fraudulenta en concurso real, extendiéndose también a otros cómplices identificados en la denuncia.
Trece cheques involucrados
Según la declaración del abogado, Quiñónez, en calidad de titular de una cuenta en el Banco de la Nación Argentina, emitió a favor de la firma demandante un total de 13 cheques de pago diferido por un monto acumulado de $172.570.341. Las fechas de vencimiento de dichos cheques oscilaban entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2025. Sin embargo, al ser presentados para su cobro, todos fueron rechazados por el banco emisor debido a la falta de fondos.
González agregó que, a pesar de los reclamos y la notificación correspondiente del rechazo, Quiñónez no tomó ninguna acción para cubrir los montos dentro de las 24 horas, consumando así el delito que se le atribuye. Este hecho ha sido debidamente documentado en las actas que forman parte de la demanda civil que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Añatuya.
De acuerdo con la denuncia presentada, posteriormente se ejecutó una maniobra de insolvencia, que implicó el desmembramiento del dominio y un aparente vaciamiento patrimonial estratégico. El abogado sostiene que el acusado transfirió la nuda propiedad de sus terrenos a sus herederos o a terceros, reservándose únicamente para sí el derecho de usufructo gratuito y vitalicio.
En este contexto, González enfatizó que el denunciado asumió una obligación multimillonaria, equivalente a $172.570.341, consciente de que su patrimonio registral era inejecutable, al haber vaciado la nuda propiedad y conservar apenas el usufructo, que resulta de difícil realización en un eventual remate judicial.