Una jueza de Nueva York declaró ilegal la suspensión de visados por país de origen, invalidando una política que afectaba a numerosos solicitantes de diversas nacionalidades.
Revocación del veto migratorio de Trump por parte de la Justicia estadounidense
Cortesía de minuto1
En un importante revés para la política migratoria de la administración Trump, la magistrada Jeannette Vargas, del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, anuló este viernes la suspensión de visados que afectaba a un total de 75 países. La decisión judicial se fundamenta en la consideración de que la medida, impulsada por el Departamento de Estado, contravenía la normativa vigente y excedía las competencias del secretario de Estado, Marco Rubio.
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Desde su implementación en enero, esta política había paralizado la concesión de residencias permanentes para casi el 40% de las naciones a nivel global, incluyendo aliados estratégicos como Brasil, Colombia, Egipto, Jordania y Georgia, así como países como Haití, Somalia y Rusia. La administración justificó esta decisión alegando que tenía como objetivo prevenir el ingreso de individuos que pudieran convertirse en una carga pública o depender de la asistencia social estatal.
No obstante, la jueza Vargas cuestionó de manera contundente los fundamentos legales presentados por la Casa Blanca. En su fallo, estableció que la norma violaba una legislación de 1965 que prohíbe de forma explícita la discriminación por nacionalidad en el proceso de concesión de visados. Asimismo, la magistrada indicó que el Departamento de Estado asumió una atribución que la legislación le niega, es decir, la de interferir en la evaluación discrecional que los funcionarios consulares deben realizar caso por caso.
"Resultado premeditado": fundamento judicial detrás de la revocación
La magistrada evidenció que la directriz operativa, difundida a todas las embajadas mediante un cable diplomático, ordenaba a los cónsules denegar las solicitudes de manera automática. "El resultado estaba predeterminado", escribió Vargas en su resolución, "la visa sería rechazada", aun cuando el solicitante presentara pruebas contundentes de solvencia económica, estabilidad laboral o arraigo familiar.
La decisión judicial revoca todas las denegaciones que se fundamentaron únicamente en esta disposición, aunque las negativas basadas en otros argumentos legales permanecen vigentes, lo que genera incertidumbre respecto al alcance final de la anulación. Este caso fue promovido por seis ciudadanos estadounidenses que buscaban reagrupar a sus familias provenientes de Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, así como por cinco colombianos que contaban con ofertas laborales y vieron frustrados sus trámites.
A pesar del revés sufrido por la administración, se logró una pequeña victoria al conseguir que la jueza aceptara que la orden no constituía una norma formal sujeta a revisión judicial, lo que podría limitar el impacto de esta decisión en el futuro. Así, queda por definir el alcance completo de esta revocación y las implicaciones que tendrá en el sistema migratorio estadounidense.