Congreso Boliviano Aprueba Estado de Excepción para Reprimir Protestas Sociales

Tras un mes de protestas masivas contra políticas de ajuste ultraliberales, el Congreso de Bolivia brindó, en una sesión virtual, su respaldo al presidente Rodrigo Paz para la declaración de un estado de excepción en el país. Esta medida permite la intervención de las Fuerzas Armadas con el objetivo de reprimir a los manifestantes que demandan su renuncia, así como también restringir una serie de libertades civiles.

Con un respaldo de dos tercios de los votos y luego de un intenso debate que se extendió por más de cinco horas, la Cámara de Diputados de Bolivia derogó una legislación vigente desde 2020 que limitaba las facultades del Ejecutivo para declarar el estado de excepción. Esta decisión, previamente aprobada por el Senado, permite al presidente Paz aumentar el control sobre la situación de conflicto sin restricciones significativas.

Las ciudades de La Paz y El Alto han sido identificadas como los principales focos de las protestas que han estallado en respuesta al ajuste del gobierno, que se encuentra alineado con Javier Milei. Estas manifestaciones han generado un entorno de tensión que exige una respuesta gubernamental contundente.

La normativa derogada limitaba la capacidad de intervención de las Fuerzas Armadas y establecía que su participación era viable únicamente cuando la Policía no podía controlar el conflicto. Asimismo, se establecía un límite de 60 días para la duración del estado de excepción. Ahora, el gobierno puede declarar el estado de excepción sin tales limitaciones temporales.

El autor de la derogación de la ley 1341, Carlos Alarcón, perteneciente a la alianza Unidad, calificó dicha normativa como “criminal”, argumentando que su existencia buscaba desnaturalizar los estados de excepción en situaciones de caos y anarquía provocadas por protestas sociales.

Alarcón también adujo que la norma anterior protegía a grupos violentos que pretendían hacerse pasar por representantes del pueblo, y su anulación otorga a las Fuerzas Armadas un mayor margen de acción ante la incapacidad de la Policía para controlar la situación.