Ecuador: Once militares condenados a 35 años por desaparición de menores

Un tribunal ecuatoriano ha impuesto penas de casi 35 años de prisión a once miembros de las Fuerzas Armadas por su implicación en la desaparición forzada de cuatro menores de edad, cuyas remains fueron halladas incineradas en el año 2024, según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los testimonios aportados por familiares de las víctimas y la evidencia audiovisual recopilada, los menores, con edades comprendidas entre los 11 y 15 años, se encontraban jugando al fútbol en la conflictiva ciudad de Guayaquil antes de ser detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

En el contexto de los hechos ocurridos en la víspera de Navidad, los cuerpos de los menores fueron encontrados con múltiples disparos en la cabeza y evidencias de tortura, lo que suscita una grave preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

El tribunal de Guayaquil dictó sentencia condenatoria de 34 años y 8 meses de prisión a los once miembros de la FAE, considerándolos responsables directos del delito de desaparición forzada, según lo reportado por la Fiscalía.

En una resolución separada, otros cinco agentes que colaboraron con la justicia fueron sentenciados a 30 meses de prisión, mientras que un uniformado fue declarado inocente de los cargos que se le imputaban, tal como lo comunicó la entidad acusadora a través de su cuenta oficial en la red social X.

Tras la emisión del fallo, el gobierno ecuatoriano reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no repetición de estos trágicos sucesos, con la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, enfatizando que "nadie está por encima de la ley y todo funcionario público, de cualquier nivel, que viole normas o derechos, debe ser sancionado".

Este caso ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, en un contexto marcado por crecientes denuncias de organizaciones de derechos humanos que señalan abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas, las cuales han estado desplegadas en las calles desde 2024 como parte de una política oficial de mano dura contra el narcotráfico.

Durante el juicio, se presentó un video en el que se observa a un militar propinando golpes a uno de los menores con su fusil, además de que otro agente disparó a escasa distancia de la cabeza de uno de los detenidos.

A lo largo del proceso judicial, Amnistía Internacional denunció que las Fuerzas Armadas han mostrado resistencia a aceptar su responsabilidad en este caso. En respuesta a las exigencias de la justicia, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofreció disculpas públicas en enero.

Amnistía Internacional también ha indicado que la Fiscalía ecuatoriana ha recibido múltiples denuncias por la posible desaparición forzada de alrededor de cincuenta personas desde el inicio del mandato del presidente Daniel Noboa en 2023.