El presidente lanzó durísimas críticas a la Justicia y a la Corte y anunció una batería de proyectos de ley para cambiarla
Los jueces siguieron juntos el áspero discurso de Alberto Fernández
Al abrir las sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández criticó con dureza a la Justicia, dijo que está "en crisis", que es el único poder que vive "en los márgenes del sistema republicano", entendió que los jueces "tienen privilegios" que nadie más tiene y cuestionó a la Corte Suprema.
Para remediarlo anunció que enviará este año al Congreso una batería de proyectos de ley para "crear un tribunal intermedio de arbitrariedad" que falle antes que la Corte, otro que reglamente el funcionamiento del máximo tribunal, una reforma del Consejo de la Magistratura para despolitizarlo y otro que disponga la realización de juicios por jurados populares para los delitos federales. Dijo que, a su entender, es el camino para devolver credibilidad al Poder Judicial.
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La Corte estaba presente vía zoom en una pantalla, donde estaban reunidos los cinco jueces en una sala del Palacio de Tribunales.
También criticó con dureza que el fiscal Carlos Stornelli siga en su cargo a pesar de estar procesado en una causa en la justicia federal de Dolores por supuesto espionaje ilegal. Stornelli está procesado y acusado de pedir datos sobre quien fuera la pareja de su exmujer y de haber pedido realizar una cámara oculta a un abogado.
En sus críticas, Fernández dijo que a Stornelli no se le aplica la doctrina que esbozó el juez Martín Irurzun de dictar la prisión preventiva ante el poder residual que pudiera tener como funcionario. "Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente", dijo.
Stornelli fue el fiscal que llevó adelante la investigación por los cuadernos de las coimas, que recopilaron decenas de testimonios de empresarios que reconocieron haber pagado sobornos al kirchnerismo para quedarse con negocios de obras públicas.
También criticó que el presidente de la Casación, Gustavo Hornos, hubiera visitado al expresidente el Mauricio Macri en la Casa Rosada, antes de dictar fallos adversos al kirchenrismo. Dijo que solo un juez de la Casación se alzó contra esas visitas para pedirle explicaciones. En rigor fueron cuatro jueces los que le reclamaron explicaciones al juez Hornos.
"Terminemos con las condenas o absoluciones en función de una preferencia o presión de factores de poder", reclamó al igual que con "la dilación de causas en función de conductas extorsivas".
Fernández que la Cámara de Diputados trate la ley de reforma judicial y la ley que permite reformar el Ministerio Público Fiscal, ambas con media sanción en el Senado. No mencionó la candidatura del juez Daniel Rafecas a la Procuración General de la Nación.
Fernández también aludió a la Justicia cuando cuando abordó el tema de la violencia de género. Dijo que la Justicia dio una "respuesta deficitaria" ante estos casos y reclamó una profunda reforma judicial.
Reconoció que con la intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la prohibición de que agentes de inteligencia intervengan en causas judiciales "no alcanzó" para solucionar estos problemas.
"El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad", indicó.
Sostuvo que ningún miembro del Poder Judicial paga impuesto a las ganancias y que es una tarea casi imposible acceder a la declaración jurada de bienes de un miembro de la Corte Suprema. Y que por la "relación corporativa" que vincula a los jueces del máximo tribunal "ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone".
Se trata aquí de una crítica a la jueza Helena Highton de Nolasco que obtuvo un fallo que le permite seguir en el máximo tribunal a pesar de tener más de 75 años.
Dijo que, ante la causa de espionaje ilegal contra políticos y periodistas, de la que la propia Cristina Kirchner fue víctima, "todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara".
Cristina Kirchner, a su lado, lo miraba seria.
Insistió con sus críticas a la Corte por haber abierto el per saltum en beneficio de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados estaba muy cuestionado.
Pudo en duda las declaraciones de los arrepentidos que declararon en los casos de corrupción contra el kirchnerismo "bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron". Allí están Leonardo Fariña, clave en la condena contra Lázaro Báez y eventualmente en el juicio contra Cristina Kirchner y contra Alejandro Vandenbroele, clave en la condena de Amado Boudou en el caso Ciccone, cuando se asumió como su testaferro.
El impulso a los proyectos
Le pidió al Congreso que "asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial" para "ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república".
"Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas", dijo,
Fernández anunció su batería de medidas para intervenir en la administración del Poder Judicial. En ese marco anticipó un proyecto para reglamentar el recurso extraordinario ante la Corte y establecer cuáles son las competencias del máximo tribunal "en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias".
Propuso determinar la "arbitrariedad" de las sentencias "para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa" al rechazar determinados recursos y legislar sobre la facultad que tiene la Corte de rechazar sin más trámite los casos que se le presentan (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial)
Asimismo, anunció un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura para que sus integrantes actúan "sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos".
Anunció que enviará una ley para crear con el apoyo de los gobernadores, un "Tribunal Federal de Garantías" que tendrá competencia en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. "De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado". Es decir, se evitaría su intervención,
Además, dijo que iba a aplicar el juicio por jurados populares para casos federales. Así pretende "reinstalar la confianza en nuestras instituciones".
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