Juicio contra Maduro por narcotráfico se celebrará el 1 de junio de 2027

Nicolás Maduro, de 63 años, junto a su exministro de Relaciones Interiores, Gustavo Flores, de 69 años, comparecieron ante el juez Alvin Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde reiteraron su declaración de no culpabilidad ante los serios cargos de narcotráfico que enfrentan. Un jurado podría determinar su condena a cadena perpetua si se establece su participación en una conspiración destinada a introducir cocaína en territorio estadounidense.

Ambos individuos permanecen detenidos desde que fueron capturados por fuerzas estadounidenses en su residencia en Caracas, en el marco de una operación nocturna que se llevó a cabo a principios de enero, siendo posteriormente trasladados a Nueva York para enfrentar la justicia.

Durante la audiencia reciente, el juez Hellerstein aprobó el cronograma procesal que fue presentado por ambas partes, la Fiscalía estadounidense y la defensa, en una carta antes de la vista. Se estableció que el juicio dará inicio el 1 de junio de 2027, mientras que la defensa deberá presentar sus primeras mociones el 2 de septiembre y se programó una nueva audiencia para revisar esas solicitudes el 17 de noviembre.

Dentro de las mociones a presentar se incluye un pedido para desestimar el caso, argumentando inmunidad soberana y cuestionando la legalidad de la captura de Maduro. La Fiscalía no se opuso a que estas cuestiones sean tratadas por el juez en la fase previa al juicio.

El abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, ha afirmado que su cliente fue sujeto a una “captura militar” considerada ilegal y ha manifestado su intención de impugnar el proceso judicial. Por su parte, el Gobierno estadounidense sostiene que la operación realizada fue una acción legítima de las fuerzas del orden, en el contexto de una extensa investigación que se remonta a hace seis años.

La atención mediática se ha centrado en este caso, que no solo involucra a figuras prominentes, sino que también plantea interrogantes sobre la intervención internacional en asuntos internos de un país soberano, así como sobre la legalidad de las operaciones de captura.