Formosa: realizan dos presentaciones ante la Comisión Interamericana de DD.HH. por los casos de maltrato
Los centros de aislamiento fueron denunciados como lugares imposibles para vivir
Benjamín Martínez y Marianela Merino, una pareja wichi de la localidad formoseña de Ingeniero Juárez vivieron 40 días de desesperación cuando no podían dar con su hijo recién nacido y las fuentes oficiales no le daban información. El bebé, quien nació el 14 de enero en el hospital de Las Lomitas, fue encontrado ayer en un hospital de la Madre y el Niño en la ciudad de Formosa, a 300 kilómetros.
El día que nació con 2,9 kilos se lo mostraron a su mamá y la médica -según cuenta ella- le dijo que estaba en buen estado de salud. A la mañana siguiente el bebé no estaba; le explicaron que lo habían derivado a la ciudad de Formosa porque estaba en "muy crítico", con una infección respiratoria. No les dieron más detalles por más que preguntaron e insistieron. Temieron no recuperarlo. Cuando a Marianela le dieron el alta el análisis de Covid-19 le dio positivo; desde el 20 de enero está aislada en la escuela 319 donde debe cumplir cuarentena.
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El caso es uno de los que integra la primera medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la situación que se vive en Formosa. La hicieron Bases Republicanas y Cadal, dos organizaciones de la sociedad civil por entender que los habitantes de la provincia son "víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos" originadas en las medidas de aislamiento obligatorio en centros estatales dispuestas por la administración de Gildo Insfrán. También apelaron ante el organismo los legisladores Luis Naidenoff y Mario Negri, titulares de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado y en Diputados, respectivamente.
Jimena de la Torre, presidenta de Bases Republicanas, sostuvo ante LA NACION que las condiciones de los centros de alojamiento preventivo son "inaceptables" y con "indignas condiciones de salubridad, edilicias" además de que "hay maltrato". Ya hay denuncias penales en ese sentido.
La cautelar es en beneficio de quienes están alcanzados por Programa de Ingreso Ordenado y Administrado formoseño; se prepara otra a favor de quienes todavía tienen problemas para ingresar a la provincia por las condiciones exigidas. La Corte Suprema ordenó a Insfrán que permitiera la entrada.
La cautelar interpuesta ante la CIDH sostiene que "las restricciones y prohibiciones establecidas por el Gobierno Provincial y la aplicación que de aquellas medidas viene haciéndose por los funcionarios públicos resultan, en este contexto, arbitrarias e irrazonables" y considera que a lo largo de los meses afectaron o pusieron "permanentemente en potencial peligro", los bienes jurídicos "protegidos por el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la intimidad, a la libre circulación, al trabajo y/o a la propiedad de muchos ciudadanos".
En la misma línea, en la presentación realizada por Negri y Naidenoff, los legisladores solicitan que "se pueda realizar cuarentena en cada domicilio particular" y que "se garanticen derechos fundamentales", dado que en los centros de aislamiento "no se cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort". Además, según sostiene la oposición, en aquellos lugares no se realiza un "efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de la enfermedad".
Entre las exigencias dispuestas por Naidenoff y Negri, se solicita a la CIDH que interpele para que "cese la omisión de los derechos fundamentales"; "la provincia de Formosa se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas con Covid-19 en los centros de aislamiento", y "se constate in-situ la vulneración de derechos en los centros". También, que "se proteja a las personas aisladas", tras la presentación, y se procure que el gobierno de Formosa no las "estigmatice".
Otro de los casos testigo que se incluye en la presentación de Bases Republicanas es el de Elda Maricel Navarrete, una trabajadora social formoseña de 33 años, madre de dos hijos menores. Residía en la Ciudad de Buenos Aires y fue trasladada por su trabajo a Clorinda en agosto. Inició los trámites requeridos por la Provincia y recibió la autorización en noviembre. Organizó su mudanza y viajó el mes pasado y presentaron el 28 de diciembre los resultados negativos de los PCR.
En ese momento le informaron que debían ingresar a un centro de alojamiento para cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días, fueron trasladados a la Escuela Especial 1 de la capital, podrían dejar el lugar después dos tests negativos. El primero fue el 10 de este mes y, pese al pedido de Navarrete, no le dieron los datos de identificación de las muestras para verificar su trazabilidad de la información. El 11 le indicaron que su hijo mayor era positivo aunque no le dieron la documentación correspondiente. Trasladaron a toda la familia al Estadio Cincuentenario donde debían estar otros 14 días y, el nene, dar dos veces negativo en el PCR.
Tras su liberación, la concejal de Formosa dijo que los centros de aislamiento "son una cárcel"
Según consta en la cautelar, el 15 Navarrete "pudo comprobar en la página oficial de la Provincia de Formosa se había consignado información falsa respecto de los testeos realizados a su hijo". En forma oficial se informó que se habían practicado dos estudios PCR los días 9 y 11 de enero cuando, en realidad, únicamente se practicó uno el 10. Siguen todos en cuarentena. En la presentación se acompaña un video de cuando la mujer exige que se le de "información médica confiable".
La familia Uliambre -padre, madre y una hija- vive en el Barrio Obrero de la capital formoseña; el 13 de este mes supieron que un vecino era Covid positivo y, aunque no habían tenido contacto con él, se comunicaron con la Unidad de Pronta Atención de Contingencia para hisoparse. Les pidieron sus datos, los trasladaron a un centro de alojamiento y ese mismo día le hicieron el test que dio negativo. Siguen aislados en la Escuela 532 de La Colonia y no les hicieron más análisis.
En la cautelar se insiste en que los lugares de alojamiento no tienen condiciones de higiene y en que sus instalaciones son "precarias, configurando un cuadro de situación que pone en peligro su vida y su integridad personal, como así también de las miles de personas que aguardan el ingreso a la Provincia de Formosa". Las autoridades provinciales insisten en rechaza las acusaciones y defienden la estrategia sanitaria instrumentada.
Las organizaciones civiles piden a la CIDH que dicte una medida cautelar que obligue al Estado argentino y a Formosa a cumplir con los "estándares de derechos humanos previstos" en el ordenamiento interamericano y que se garantice que la cuarentena obligatoria se cumpla en los domicilios particulares o "en lugares específicamente acondicionados para el alojamiento de personas, que cuenten con toda la infraestructura necesaria, en condiciones de seguridad y salubridad".
También se solicita que se garantice que "se priorice el derecho a la reunificación familiar y el resguardo de los derechos del niño, de las mujeres, de los ancianos y de las personas enfermas" y que "el período de cuarentena obligatoria no exceda los 14 días corridos".
Fuente: La Nación