La reciente medida comercial de Estados Unidos afectará a la economía argentina y a sus exportaciones.
La administración de Donald Trump ha implementado una nueva política comercial que tiene como objetivo sancionar a aquellas economías que no han adoptado medidas efectivas para restringir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
Este anuncio fue ratificado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la cual comunicó la culminación de una serie de investigaciones iniciadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a Washington abordar prácticas comerciales que son consideradas injustas.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, ha manifestado que el propósito es "corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora", enfatizando la necesidad de una respuesta contundente ante estas situaciones.
La nueva política establece un arancel general del 10 por ciento que entrará en vigor tras la anulación del esquema previo de tarifas globales por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Por lo tanto, a partir del 24 de julio, los productos argentinos estarán sujetos a un gravamen del 10 por ciento, aunque se prevén posibles exenciones para ciertos sectores, aún no determinados, que podrían facilitar el cumplimiento de compromisos relacionados con la prohibición de importación de trabajo forzoso.
Además, se ha señalado que la misma alícuota se aplicará a naciones como Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido, mientras que productos de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza tendrán aranceles que oscilan entre el 10 y el 12,5 por ciento.