La declaración de Trump sobre los gases contaminantes carece de sustento legal o fáctico.
El reciente cambio de políticas ambientales implementado por el expresidente Donald Trump representa un significativo retroceso en los esfuerzos climáticos de los Estados Unidos, un país que se posiciona como el principal emisor histórico de gases de efecto invernadero. Este movimiento, que podría ser objeto de litigios, plantea interrogantes sobre el futuro de las normativas medioambientales en el territorio estadounidense.
Trump defendió la revocación de estas leyes como un avance hacia la desregulación más amplia en la historia del país, argumentando que esta medida reducirá considerablemente los costos tanto para los fabricantes de vehículos como para los consumidores. Según reportes de DW, su afirmación se basa en la premisa de que esta desregulación traerá beneficios económicos significativos.
Durante un evento celebrado en la Casa Blanca, Trump afirmó que “esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores y disminuirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares”. Además, destacó que su administración ha logrado eliminar más regulaciones de las prometidas durante su campaña electoral, donde se comprometió a eliminar diez regulaciones antiguas por cada nueva.
El decreto que ahora está siendo revocado fue establecido durante la administración del expresidente demócrata Barack Obama y determinaba que ciertos gases contaminantes, como el dióxido de carbono y el óxido nitroso, representan un riesgo significativo para la salud pública. Trump, al anunciar su decisión, declaró que “esa determinación no tenía ninguna base fáctica, ninguna, ni base legal”.
Trump y el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin, utilizaron como argumento la tecnología actual en vehículos, que permite que los automóviles estadounidenses apaguen sus motores al detenerse en semáforos en rojo, resaltando así la efectividad de las regulaciones existentes.
Sin embargo, el expresidente también comentó que estas medidas, que tienen como objetivo principal la reducción de emisiones y el ahorro energético, son vistas como impopulares entre los consumidores, quienes, según su opinión, prefieren un enfoque menos restrictivo en las normativas ambientales.