Dos tenistas profesionales fueron arrestados en Brasil por realizar gestos racistas tras perder un partido en un torneo challenger en Santa Catarina.
En un incidente que ha generado gran conmoción, dos tenistas profesionales fueron arrestados en Brasil después de haber realizado gestos racistas durante un partido de dobles en el marco de un torneo challenger, considerado como la segunda categoría del circuito mundial de tenis organizado por la ATP.
Los deportistas involucrados son el venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez, quienes participaban hasta el pasado jueves en el Itajai Open, un torneo celebrado en el estado de Santa Catarina, que ofrece 75 puntos y más de U$S100.000 en premios.
Esta pareja de tenistas sufrió una derrota en los cuartos de final con un marcador de 6-7(4), 7-6(6) y 10-2 frente a los brasileños Igor Ribeiro Marcondes y Eduardo Ribeiro, momento en el cual se produjo el incidente que las autoridades han calificado como de extrema gravedad.
La detención de ambos jugadores ocurrió el mismo día en que se retiraron del Itamirim Country Club, donde se llevó a cabo el encuentro, siendo posteriormente trasladados a una prisión local en espera de una audiencia de custodia.
De acuerdo con información proporcionada por la Policía Militar de Santa Catarina, tras la derrota en el encuentro, Martínez, de 36 años, realizó gestos discriminatorios al aparentemente imitar los movimientos de un simio frente al público presente en las gradas.
Por su parte, Rodríguez, de 35 años, se refirió de forma despectiva a un trabajador del club, denominándolo "mono", lo que llevó a las autoridades a formalizar una denuncia por un hecho que, según la legislación brasileña, reviste una seria implicancia legal.
Una vez que la policía recibió la denuncia, se dirigió al club, pero al no encontrar a los jugadores allí, se trasladaron a su hotel de alojamiento donde finalmente fueron capturados. Las autoridades han formulado cargos de injuria racial contra ambos tenistas, delito que en Brasil conlleva penas de prisión de entre dos y cinco años, así como la imposición de una multa.
Este caso se suma a otros incidentes recientes, como el de la abogada argentina Agostina Páez, quien enfrenta acusaciones similares en Río de Janeiro y recientemente debió someterse a la colocación de un dispositivo de monitoreo a solicitud de la justicia local.