La reciente reforma a la ley de hidrocarburos en Venezuela busca permitir la participación de empresas privadas en la industria petrolera.
La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promovida por la presidenta interina Delcy Rodríguez, tiene como objetivo fundamental facilitar la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, en la operación y comercialización del petróleo de forma independiente, eliminando así la exclusividad que ha caracterizado hasta ahora la intervención del Estado y de las empresas mixtas en las cuales la estatal PDVSA ha mantenido la mayoría de participación.
El avance legislativo en el Parlamento representa un primer paso hacia una transformación significativa que podría resultar en la atracción de inversiones cruciales para revitalizar un sector petrolero que ha experimentado una decaída sostenida en su producción en los últimos años. El proyecto establece que, tras su aprobación definitiva, las compañías privadas tendrán la capacidad de gestionar y comercializar crudo sin la intervención directa de PDVSA, aunque esta última podría mantener un rol como socio minoritario en determinadas circunstancias.
Contexto Geopolítico y Relaciones con Estados Unidos
Este progreso hacia la reforma se desarrolla en un contexto de acercamiento entre Caracas y Washington, luego de un prolongado periodo de relaciones tensas que se inició en 2019. Recientemente, Estados Unidos nombró a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, lo que refuerza las señales de una posible normalización que podría incluir la reapertura de la embajada estadounidense en el país.
Adicionalmente, el gobierno estadounidense ha mostrado un interés considerable en facilitar las condiciones necesarias para que las empresas energéticas norteamericanas participen en la industria petrolera venezolana, dentro de un marco más amplio de acuerdos comerciales y suministro de crudo, lo que se produce tras una reciente reconfiguración del control sobre las exportaciones venezolanas.
La reforma requiere, sin embargo, una segunda discusión en la Asamblea Nacional para su aprobación final, lo que constituiría un hito en la política petrolera del país y podría propiciar un flujo de inversiones en un sector que ha estado históricamente dominado por un control estatal absoluto.