El ejercicio del periodismo en Venezuela se encuentra en un entorno cada vez más adverso, según alertan diversas organizaciones y comunicadores del país.
Desde el inicio de enero, diversas organizaciones que representan a periodistas han documentado un número creciente de incidentes que evidencian un clima de hostigamiento en Venezuela, en medio de tensiones políticas y cambios institucionales tras la captura del expresidente Nicolás Maduro. Las acciones reportadas incluyen:
—Detenciones arbitrarias de comunicadores locales y corresponsales internacionales en el contexto de eventos públicos.
—Deportaciones de periodistas extranjeros que intentan realizar su labor informativa.
—Revisiones forzadas de equipos de trabajo y eliminación de material grabado durante el ejercicio profesional.
—Cierre de emisoras de radio independientes que operan en el país.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en Caracas ha denunciado que estas prácticas constituyen una estrategia sistemática destinada a ejercer presión sobre los medios y restringir el acceso a una información plural, lo que resulta en autocensura y un clima de temor sobre la cobertura de ciertos temas.
Para los profesionales del periodismo en Venezuela, el escenario se presenta como sumamente complejo; no solo enfrentan restricciones directas, sino también el riesgo de represalias por parte de las autoridades al abordar asuntos sensibles. Diversas organizaciones gremiales han manifestado que muchos periodistas optan por moderar su cobertura o eludir ciertos temas ante el temor a consecuencias legales o administrativas.
Adicionalmente, el clima de represión incluye casos de periodistas que permanecen detenidos bajo acusaciones graves como "terrorismo" o "traición a la patria", según las denuncias emitidas por los propios sindicatos.
La acumulación de estos acontecimientos tiene un impacto significativo sobre la libertad de prensa en Venezuela. Más allá de episodios aislados, gremios y defensores de los derechos humanos advierten que la intimidación, la censura y las medidas administrativas restrictivas se han intensificado, creando un entorno donde informar con independencia se torna cada vez más complicado.
En este contexto, diferentes organismos demandan la liberación de periodistas y trabajadores de medios que continúan bajo detención, así como la garantía de condiciones que facilen el ejercicio del periodismo sin amenazas ni interferencias.