Organizaciones de derechos humanos advierten sobre un contexto de violencia extrema y represión en Irán, con cifras de víctimas que podrían ser significativamente mayores.
Al menos 648 manifestantes han fallecido como resultado de la represión violenta ejercida por las fuerzas de seguridad de la República Islámica de Irán, de acuerdo con información proporcionada el lunes por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
Esta cifra corresponde a víctimas que han sido verificadas por la citada organización; sin embargo, el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, alertó que la cifra real podría ser considerablemente más elevada. En este sentido, Amiry-Moghaddam enfatizó que “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles contra la matanza masiva perpetrada por la República Islámica”, según declaraciones citadas por AFP.
De acuerdo con estimaciones de la ONG, el número de fallecidos podría sobrepasar los 6.000. No obstante, la organización subrayó que el bloqueo de Internet implementado por las autoridades iraníes durante casi cuatro días ha complicado “extremadamente” la verificación independiente de los datos relacionados con las víctimas, tal como lo explicó IHR a AFP.
Las protestas en Irán se iniciaron el 28 de diciembre, coincidiendo con el colapso del rial iraní, que cayó a 1,42 millones por dólar estadounidense, marcando un mínimo histórico y acelerando la inflación. Este aumento en los precios de alimentos y gasolina provocó un estallido social en dos mercados del centro de Teherán, propagándose a más de 280 localidades en 27 provincias. La organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó que, en los primeros días, las fuerzas de seguridad respondieron con una represión violenta, cortes de Internet y amenazas de pena de muerte. Según la ONG, hasta este lunes, la cifra de muertos era de al menos 500.
El 29 de diciembre, tras la propagación de las manifestaciones, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, presentó su renuncia, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Un día posterior, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mantuvo una reunión con líderes empresariales y se comprometió a abordar los problemas económicos. La violencia más intensa se registró el 1 de enero en Azna, en la provincia de Lorestán, donde videos en línea documentaron objetos incendiados y disparos. Adicionalmente, se reportaron muertes en las provincias de Bakhtiari e Isfahán, así como el asesinato de un voluntario de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria.
El presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su plataforma Truth Social, advirtió que si Ir