El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, emite una severa advertencia sobre la represión de manifestantes en medio de un entorno crítico de bloqueo informativo.
El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, ha instado a los fiscales a proceder con celeridad y firmeza contra aquellos manifestantes que, según sus declaraciones, han traicionado a la nación y están favoreciendo intereses extranjeros. En este contexto, Azad ha reclamado que se lleven a cabo juicios sin indulgencia ni clemencia, advirtiendo que incluso aquellos que proporcionen asistencia a los protestantes podrían enfrentar cargos capitales.
De acuerdo con información recopilada por la Human Rights Activists News Agency (HRANA) y citada por Associated Press, la represión ha resultado en al menos 72 muertes y más de 2,300 detenciones. Otras organizaciones, como Iran Human Rights, han reportado un mínimo de 51 fallecimientos, entre ellos varios menores de edad, mientras que HRANA ha elevado la cifra a 65. Estas discrepancias en los datos se atribuyen, en parte, al apagón de internet implementado por el gobierno, que impide la verificación independiente de los eventos.
A pesar del incremento de la violencia, las manifestaciones han persistido y se han extendido a diversos barrios de Teherán y otras ciudades como Mashhad, Tabriz, Qom, Shiraz y Bandar Abbas. Paralelamente, la televisión estatal ha transmitido funerales de integrantes de las fuerzas de seguridad fallecidos en los enfrentamientos, en un intento de consolidar el control oficial sobre el relato de los acontecimientos.
El bloqueo de internet, que dejó a amplios sectores de la población sin conexión durante más de 36 horas según NetBlocks, ha generado críticas contundentes por parte de activistas, cineastas y organizaciones de derechos humanos. Se denuncia que esta censura tiene como objetivo ocultar la magnitud de la represión y las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Amnistía Internacional y HRANA han emitido alertas sobre detenciones masivas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Desde el ámbito internacional, la Unión Europea ha expresado su condena a la represión: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respaldado las demandas de libertad del pueblo iraní y ha exigido la liberación inmediata de los detenidos. En la misma línea, se han pronunciado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Las autoridades iraníes, por su parte, continúan atribuyendo las protestas a una supuesta injerencia extranjera. El líder supremo, Ali Khamenei, ha calificado a los manifestantes como vándalos y ha responsabilizado a Estados Unidos, mientras que el consejero de seguridad Alí Larijani ha afirmado que el país se encuentra en guerra frente a una conspiración externa.
Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas por el desplome del rial, la inflación y el agravamiento de la crisis económica provocada por las sanciones internacionales. Aunque inicialmente las consignas se centraban en la situación económica, con el transcurso de los días han derivado en cuestionamientos directos al liderazgo político y religioso.