El fiscal pide la absolución de Marcelo Corazza en un juicio por corrupción de menores y trata de personas.
El reconocido participante del reality show Gran Hermano, Marcelo Corazza, se encuentra a un paso de obtener una declaración de inocencia por parte de la justicia argentina. En el marco de los alegatos presentados durante el juicio oral que se lleva a cabo en los tribunales de Buenos Aires, el fiscal general Juan García Elorrio ha solicitado la absolución del exproductor de Telefe en relación a la causa que investiga una red dedicada a la trata de personas y a la corrupción de menores. El representante del Ministerio Público ha argumentado que las acusaciones de abuso sexual que pesaban sobre Corazza han prescrito debido al transcurso del tiempo, y ha considerado que no existen pruebas materiales suficientes para sostener la imputación por asociación ilícita.
En contraposición, la situación procesal es drásticamente diferente para los otros cuatro acusados que se encuentran en el banquillo de los acusados. El fiscal García Elorrio ha exigido ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3, conformado por los magistrados Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni, severas condenas de cumplimiento efectivo. En particular, se ha solicitado una pena de 22 años de prisión para el presunto líder de la organización criminal, Francisco Angelotti Notarbartolo, seguido por un requerimiento de 11 años para Leandro Aguiar y penas de 10 años para Fernando Charpenet y Raúl Mermet, quienes son considerados partícipes necesarios en las maniobras de abuso sexual agravado.
La investigación judicial que ha dado origen a este caso de delincuencia organizada se inició formalmente en octubre de 2022, a raíz de una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). A través de la instrucción policial y los testimonios obtenidos, se ha expuesto un complejo y perverso mecanismo de captación y sometimiento que ha operado desde, por lo menos, 1999 hasta marzo de 2023. La organización se dedicaba a reclutar niños y adolescentes con edades comprendidas entre 11 y 16 años, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad social, principalmente en la provincia de Misiones, para posteriormente trasladarlos y explotarlos sexualmente a cambio de beneficios económicos en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.
El expediente penal describe cómo los captores vulneraban a las víctimas mediante amenazas, manipulaciones psicológicas y promesas materiales que incluían desde ropa deportiva hasta viajes a destinos como Disney. Adicionalmente, los peritajes informáticos realizados por la división de Delitos Tecnológicos han aportado evidencias sobre transacciones comerciales vinculadas a la exigencia y comercialización de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), que abarca grabaciones clandestinas de violaciones. A pesar de las solicitudes de prescripción para las acusaciones, la gravedad de los hechos ha mantenido el interés de la sociedad y las autoridades en la resolución de este caso.
La complejidad del caso y la cantidad de involucrados han generado un amplio debate en la opinión pública, donde se cuestiona la eficacia del sistema judicial en la lucha contra la explotación infantil y la trata de personas. Asimismo, el impacto de este caso en la percepción social sobre el reality show Gran Hermano y sus participantes ha comenzado a generar reacciones, evidenciando la necesidad de un análisis crítico sobre la responsabilidad mediática en la promoción de figuras públicas. La atención mediática y el escrutinio público continúan en aumento mientras se espera el fallo del tribunal.