Felipe Pettinato se enfrenta a un arresto domiciliario tras ser acusado de estafas y problemas judiciales acumulados.
En un contexto de creciente inestabilidad judicial, Felipe Pettinato ha sido objeto de nuevas acusaciones que complican aún más su situación legal. A pocos días de haber sido condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo que resultó en la muerte de Melchor Rodrigo, se añade un nuevo cargo en su contra.
El nombre de Felipe Pettinato ha vuelto a ser centro de atención mediática, ya que se ha presentado una nueva denuncia que lo involucra en presuntas estafas. Esta situación podría llevar a que se le imponga un arresto domiciliario, en caso de que se confirme la veracidad de las acusaciones.
El periodista Mauro Szeta, a través de sus plataformas digitales, comunicó la última novedad en el caso de Pettinato, afirmando que "indagaron, procesaron y decretaron arresto domiciliario". Esta causa incluye acusaciones de falsificación de recetas, lo que agrava su situación legal actual.
La complejidad del caso de Felipe Pettinato se ve incrementada por la acumulación de antecedentes judiciales. Es importante señalar que el arresto domiciliario no se hará efectivo hasta que la Justicia evalúe y decida sobre la apelación presentada por la defensa del influencer.
En la actualidad, el mediático enfrenta una pena que lo sitúa en un límite crítico, dado que las condenas excarcelables en Argentina permiten penas de hasta tres años. Adicionalmente, debe acatar una serie de condiciones impuestas por el Tribunal, que incluyen la fijación de un domicilio y la obligación de permanecer bajo supervisión judicial, así como la continuación de tratamientos de rehabilitación relacionados con su consumo problemático de sustancias.
La condena más reciente de Felipe Pettinato se vincula con un incendio ocurrido en mayo de 2022 en su residencia de Palermo, donde se produjo la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. La Justicia lo consideró culpable del delito de “incendio culposo seguido de muerte”, lo que añade un peso significativo a su situación legal.
Además, se incluyó en su sentencia una condena previa de nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple, lo que complica aún más su estatus judicial. La Justicia también ha ordenado la extracción de su perfil genético para su inclusión en el Registro Nacional de Datos Genéticos relacionados con delitos de integridad sexual, una medida que resalta la gravedad de las acusaciones que enfrenta.