La decisión de archivar la denuncia contra Julio Iglesias se fundamenta en la falta de competencia y jurisdicción de los tribunales españoles para abordar los hechos denunciados en el extranjero.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha resuelto archivar la denuncia interpuesta por dos trabajadoras contra el reconocido cantante Julio Iglesias, quien enfrenta acusaciones de agresiones sexuales y trata de personas. Esta decisión se produce tras la publicación de una investigación exhaustiva por parte de elDiario.es, la cual se extendió durante tres años y abordó los presuntos delitos cometidos en República Dominicana y Bahamas. El Ministerio Público argumenta que no existe competencia de los tribunales españoles para investigar tales hechos, dado que Iglesias, a sus 82 años, no reside en España ni centra su actividad en el país, a pesar de poseer propiedades inmobiliarias.
El abogado defensor de Iglesias, José Antonio Choclán, solicitó formalmente que se le reconociera como parte en las diligencias de investigación y que se archivaran las denuncias debido a la falta de jurisdicción española. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha accedido a esta petición. A pesar de que elDiario.es reveló el inicio de su investigación el 12 de enero, el organismo fiscal ya había comenzado a indagar el caso desde principios del mismo mes. La denuncia incluía, además del delito de trata, varias acusaciones de delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales conforme al Código Penal vigente en 2021.
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta resolución no admite recurso alguno. En el documento emitido, el Ministerio Fiscal informa a las denunciantes acerca de la necesidad de reproducir su denuncia ante los órganos judiciales correspondientes, si así lo consideran pertinente.
Asimismo, la Fiscalía ha enfatizado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no corresponde a España investigar hechos ocurridos fuera de sus fronteras cuando otro Estado tiene la competencia clara y efectiva para hacerlo. La normativa vigente también establece que, aunque el delito de trata carece de fronteras, es necesario que las víctimas sean nacionales o residentes en el país donde se presenta la denuncia. En este caso, las denunciantes son extranjeras.
En respuesta a las acusaciones, Iglesias ha optado por divulgar en sus redes sociales una serie de mensajes de WhatsApp que supuestamente fueron enviados por las denunciantes, con la intención de demostrar la “falsedad” de las acusaciones formuladas. Esto ocurre tras la negativa de la Fiscalía de proporcionarle acceso formal a la denuncia presentada en su contra.
Las dos denunciantes, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, trabajaron para Iglesias en 2021 en sus residencias en República Dominicana y Bahamas, y han manifestado su intención de continuar con las acciones legales pertinentes.