Julio Iglesias, a través de su abogado, solicita el archivo de las diligencias por una denuncia de abuso sexual en el extranjero que afecta su reputación.
El letrado del cantante Julio Iglesias ha presentado una solicitud formal ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España instando al archivo de las diligencias preprocesales, las cuales han sido calificadas como secretas, relacionadas con una acusación de acoso y agresión sexual en el año 2021 por parte de dos empleadas en República Dominicana y Bahamas. La defensa argumenta que esta situación ha ocasionado un grave daño reputacional a su cliente.
En un documento de 15 páginas, al que ha tenido acceso la agencia EFE, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, sostiene que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos denunciados. De acuerdo con el letrado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no tiene competencia sobre el caso debido a que las denunciantes no poseen nacionalidad española y el cantante reside habitualmente en República Dominicana, donde supuestamente ocurrieron los incidentes.
El abogado argumenta que la denuncia debió ser presentada en República Dominicana, razón por la cual solicita que la Fiscalía declare la falta de jurisdicción española y archive de inmediato las diligencias de investigación, así como que se detenga la campaña mediática que ha surgido, la cual ha afectado severamente la reputación de su defendido.
Choclán critica que la elección de España como lugar para la denuncia responde a un interés estratégico por parte de las supuestas víctimas, quienes buscan beneficiarse de la mayor atención mediática que ofrece el país. Según el letrado, la organización Women's Link, que representa a las denunciantes, ha manifestado que se ha optado por España con el fin de asegurar una mayor efectividad en la investigación.
El abogado también expresa su desacuerdo con la posibilidad de que la Fiscalía española se atribuya el papel de Fiscal Universal, así como la idea de que las víctimas puedan elegir la jurisdicción más conveniente para sus intereses. Choclán sostiene que este enfoque podría socavar el principio de justicia y el debido proceso.
Finalmente, el abogado solicita ser admitido como parte en la investigación de la Fiscalía para poder acceder directamente al contenido de la denuncia y ejercer adecuadamente su defensa en el proceso, especialmente en lo que respecta a la declaración de las denunciantes. Afirma que este acceso es crucial para demostrar la falsedad de las acusaciones y salvaguardar el honor de su cliente, frente a lo que califica como un ejercicio abusivo de acciones penales y campañas mediáticas agresivas que pueden llevar a una irremediable condena social, independientemente del resultado judicial.